Nuevamente la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia eleva su voz de indignación y agravio ante las directivas de la Universidad y ante la comunidad universitaria en general a propósito de los desmanes cometidos por la fuerza pública y las reiteradas quejas y reclamos de estudiantes, docentes y trabajadores, hombres y mujeres, por el abuso de autoridad por parte de la policía apostada en las porterías de la Universidad que se ha convertido en el cerco policial más grande de Medellín.
En primer lugar, manifestamos nuestra inconformidad por el silencio administrativo de las directivas de la Universidad ante el uso excesivo de la fuerza y el abuso de autoridad del Escuadrón antidisturbios Esmad y de integrantes de la policía motorizada el pasado jueves 31 de marzo. El Esmad que paradójicamente está entrenado para la mediación de los conflictos, basado en el respeto y la garantía de los derechos humanos, sin uso de armas de fuego, ha incurrido en conductas susceptibles de ser catalogadas como brutalidad policial por el uso desbordado de la violencia dentro y fuera del campus universitario, lo cual infortunadamente se ha vuelto un ejercicio cotidiano. Esta situación llama nuestra atención aún más cuando el pasado jueves 7 de abril fueron desguarnecidas las porterías de la Universidad por orden administrativa, cuando la marcha de estudiantes retornaba a ciudad universitaria luego de la masiva, pacífica y exitosa manifestación en defensa de la educación y de la salud como derechos humanos fundamentales; y en cambio, se encuentra con tanquetas y agentes del Esmad y la policía apostados en los alrededores de la universidad en clara muestra de provocación. ¿Dónde estaba la vigilancia de la Universidad? ¿Por qué quedaron solas las porterías principales durante media hora? ¿Por qué se dio orden de desalojo? ¿Por qué había refuerzos de agentes del Esmad y policía en los alrededores del campus?
En segundo término, recogemos la indignación frente a los graves hechos acaecidos en ciudad universitaria el fin de semana con el intento de violación sexual sobre dos estudiantes por parte de un integrante de la empresa de seguridad Atempi en dos momentos distintos el mismo día. ¿Quién está a cargo del cuerpo de vigilancia y qué medidas de contención hay frente a hechos como éstos? La seguridad en el campus se supone debe ser provista por el mismo cuerpo de vigilancia que nos coloca en riesgo, ¿son esas condiciones para estudiar, pensar, trabajar y discutir?
En tercer lugar, sin descontar las permanentes llamadas de inconformidad y quejas de estamentos universitarios por incidentes en las porterías de la Universidad para el ingreso al campus, se agrega el robo a mano armada a una trabajadora de la Institución en horas de trabajo en su propia oficina quien fue agredida en el bloque 9 prácticamente al frente de una de las estaciones de vigilancia de la Universidad, justamente reforzada en los últimos meses después de la orden de cerco policial, con supervisión y coordinación permanente –se supone–. El sujeto se da a la fuga y es interceptado por estudiantes que se percataron de la situación y antes de la presencia de cualquier cuerpo de seguridad es sometido a golpes, sin mediar palabra: comportamiento que condenamos enfáticamente, ya que las vías de hecho y más las violentas van en contrasentido de nuestra labor. Insistimos en que el cerco policial no resuelve nada. Las problemáticas universitarias son múltiples y deben ser resueltas primero que todo por sus estamentos, directamente implicados e interesados en generar las condiciones de convivencia –pacífica, dialogada, debatida– No entendemos porqué se desarticuló la Mesa de Trabajo por la Universidad. La veeduría ciudadana que desde esta Mesa se podría hacer a éste y a otros hechos como la presencia en momentos de disturbios de la Unidad Permanente de Derechos Humanos, puede ser –insistimos– una condición de autorregulación, de concertación y acuerdos de la cotidianeidad laboral en la Universidad. La justicia por propia mano es inaceptable en la Universidad; anteponemos los canales regulares, el diálogo y la razón, dado que el ejercicio de la violencia, cualquiera que sea su forma, entre otras las que aquí denunciamos, contradice los principios fundantes de nuestra Institución.
Por tanto Exigimos:
- El inmediato pronunciamiento público del Rector y su directiva como responsable directo de la integridad y seguridad al interior del campus universitario y de la comunidad universitaria frente a los hechos aquí descritos. El silencio administrativo da paso a la arbitrariedad y al exceso consentido desde las directivas. ¿Estas situaciones van a quedar sin castigo, van a quedar impunes?
- Una investigación con todo el rigor sobre la empresa de seguridad Atempi, su personal, sus antecedentes legales, su perfil psicotécnico, sus antecedentes disciplinarios, la formación y capacitación que recibe para prestar servicios en una institución de educación superior como la nuestra –abierta, plural, diversa y pública– y las normativas internas correctivas o punitivas que estén contempladas en sus códigos internos de trabajo. Frente a los graves hechos aquí descritos, y las múltiples quejas de inconformidad que recibimos de parte de la comunidad universitaria, tiene lugar incluso la posibilidad de declaratoria de la caducidad inmediata del contrato con dicha empresa. Exigimos adicionalmente que se nos informe de las medidas tomadas por la Administración Central de la Institución para sancionar esos hechos.
- Dada la inseguridad en el campus, que pone en riesgo la integridad física y moral de sus integrantes, así como la seguridad de sus bienes personales y medios de trabajo, creemos que la presencia del cerco policial del Esmad no es solución y al contrario se ha tornado en parte del problema. Por esta razón y dado el peso de los hechos, solicitamos de inmediato la intervención de la Procuraduría Provincial del Valle del Aburrá encargada de investigar a los cuerpos policiales de la ciudad, sus excesos, abusos, la brutalidad policial y la corrupción presente en ella.
- Insistimos las veces que sea necesario ante la opinión pública y ante la comunidad universitaria en la necesidad de un pacto de convivencia en la Universidad que implique el rechazo al uso de la violencia –cualquiera que ella sea, venga de donde venga– para impulsar, a partir de allí, cualquier propuesta; al tiempo que se debe levantar el cerco policial y modificar los procedimientos de la vigilancia privada que han derivado en acciones arbitrarias y de choque contra las personas que buscan ingresar a la Universidad, lo cual va en contra del sentido público de esta Institución a la cual nos honramos de pertenecer.
- La inmediata activación de la Mesa de Trabajo por la Universidad, para la veeduría ciudadana que los estamentos universitarios pueden hacer con el acompañamiento de organismos del Ministerio Público y de la sociedad civil, como la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín para buscar las vías de la convivencia, la autorregulación y la preservación de los principios de nuestra Alma Máter.
JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
MARCO ANTONIO VÉLEZ VÉLEZ
Presidente
JORGE ARISTIZÁBAL OSSA
Secretario
Medellín, abril 14 de 2011
